Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Cejas presentaron una denuncia contra 153 personas ante la justicia boliviana por agresiones sufridas tras el operativo policial del 16 de abril de 2009 en Santa Cruz. La Fiscalía otorgó un plazo de 24 horas para subsanar observaciones de forma y fondo en el documento. Los querellantes, quienes sufrieron encarcelamiento, exilio y clandestinidad durante más de una década, buscan establecer responsabilidades penales en el fuero nacional.
De forma paralela, el caso avanza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una audiencia prevista para noviembre. La Procuraduría General del Estado cambió la postura oficial de Bolivia al admitir la existencia de ejecuciones extrajudiciales en el operativo donde murieron Michael Dwyer, Árpád Magyarosi y Eduardo Rózsa Flores. Esta admisión libera de pruebas de descargo al Estado y allana el camino hacia un fallo internacional.
Una condena del tribunal internacional obligaría a Bolivia a reparar los daños materiales a los afectados y a iniciar procesos contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos. La defensa técnica del caso resalta la importancia de delimitar las culpas individuales ante la posible prescripción de algunos delitos y la necesidad de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales.
