Un proyecto de ley busca sancionar el abandono, el maltrato físico, psicológico y el abuso patrimonial hacia las personas adultas mayores. La norma contempla la tipificación de cinco delitos específicos, entre los cuales destacan la retención arbitraria de pensiones, la desposesión de bienes y la omisión de cuidados básicos como la alimentación o la atención médica. Asimismo, la propuesta elimina la impunidad en delitos económicos cometidos por familiares directos o cuidadores.
La iniciativa establece la Ruta Única de Protección y un Protocolo Único de Atención con el fin de agilizar los trámites judiciales y policiales. Para salvaguardar la integridad de las víctimas, la justicia podrá aplicar medidas inmediatas como el retiro del agresor del hogar, la prohibición de acercamiento y la restricción para disponer de los bienes inmuebles de la persona afectada.
En el ámbito institucional, la norma plantea la creación del Servicio Plurinacional de Protección a la Persona Adulta Mayor (SEPPAM) y el Registro Único de Casos de Violencia. Adicionalmente, dispone que los municipios implementen servicios de asistencia jurídica gratuita y establece sanciones para los centros de atención que incurran en aislamiento, negligencia médica o restricciones injustificadas.
