El Gobierno inició la redacción del anteproyecto del nuevo Código de Minería tras una Cumbre Nacional de Minería marcada por el retiro de la FSTMB y Fencomin, además de denuncias de exclusión de pueblos indígenas, defensores ambientales y otros sectores.
Entre las propuestas surgidas del encuentro están contratos mineros de vigencia indefinida, autorizaciones transitorias si el Legislativo no aprueba licencias en tres meses, cambios en los requisitos ambientales y restricciones a municipios y gobernaciones para declarar territorios libres de minería.
Las conclusiones generaron cuestionamientos sobre su constitucionalidad y sus posibles efectos ambientales. La diputada Cecilia Requena y el investigador Alfredo Zaconeta plantearon que el nuevo Código debe incorporar a indígenas, municipios, academia, sociedad civil y otros actores en la discusión.
