El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, convocó al diálogo a los sectores sociales opuestos a la eliminación de la subvención al diésel. Paralelamente, la autoridad advirtió sobre la aplicación de sanciones contra quienes infrinjan el Estado de Excepción con el cierre de vías. Los ministerios de Defensa y de Gobierno coordinan acciones operativas para garantizar la circulación en el territorio nacional.
La autoridad fundamentó la medida económica en la desproporción del beneficio anterior, el cual alcanzaba principalmente a sectores con altos ingresos, al contrabando y a la minería ilegal. Asimismo, señaló que el incremento del precio internacional del petróleo y el gasto anual de 2.600 millones de dólares en subsidios afectaron las reservas internacionales.
Para amortiguar el impacto, el Ejecutivo anunció la implementación de compensaciones sociales mediante el bono PEPE y la asignación de hasta 800 millones de dólares en créditos preferenciales. Estos recursos, junto con financiamiento externo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, buscan dinamizar la economía nacional y el sector productivo.



