El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ratificó que la empresa continuará bajo la administración del Estado debido a su rol estratégico. La autoridad sepultó así las propuestas dirigidas a retirar a la estatal del mercado de importación y distribución de carburantes, áreas donde el sector privado ya cuenta con autorización para operar bajo incentivos que se ampliarán en la futura Ley de Hidrocarburos.
A pesar de la negativa a la venta, el Ejecutivo admitió la existencia de severos problemas financieros y fallas crónicas en el abastecimiento de combustibles. Por este motivo, el Gobierno diseñó un plan orientado a la transformación, reorganización interna y transparentación de la firma petrolera a mediano plazo, con la meta inmediata de solucionar el desabastecimiento actual en el mercado interno.
Esta intervención forma parte de una evaluación integral a las corporaciones públicas bolivianas. Mientras que las compañías estratégicas como YPFB, ENDE y Entel mantendrán su dependencia estatal bajo nuevas reglas de eficiencia, el Gobierno avanza en auditorías técnicas y financieras para determinar el cierre definitivo o la búsqueda de alianzas público-privadas en aquellas empresas que registren déficits sostenidos.
