El Ministerio de Hidrocarburos y Energías justificó la eliminación de la subvención al diésel con el argumento de atender la solicitud de empresarios, legisladores y autoridades subnacionales. La medida busca frenar la escasez y el desvío de carburantes hacia actividades ilícitas. Según la versión oficial, cerca del 40 por ciento del suministro nacional terminaba en manos de redes ilegales mediante revendedores y vehículos con tanques modificados.
Para garantizar el abastecimiento, el Ejecutivo activó un plan integral de mitigación que autoriza la importación y comercialización directa a empresas privadas, además de ventas directas a grandes consumidores a través de YPFB. El proyecto contempla el incremento de producción en pozos locales, la operatividad máxima de plantas nacionales y un aumento en la mezcla de gasolina con etanol para diversificar la matriz energética.
La estrategia incluye la reestructuración interna y la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos junto a YPFB para reforzar los controles. Tras registrarse la desaparición de filas en las estaciones de servicio, las autoridades anunciaron mecanismos de compensación económica directa y protección social para los sectores más vulnerables identificados por las carteras de Estado.
