La imputación contra el fiscal general Roger Mariaca sostiene la creación de una organización criminal en el Ministerio Público para otorgar impunidad a Sebastián Marset. El documento menciona como indicios las declaraciones del propio Marset sobre un presunto pago de 500 mil dólares a cambio de protección oficial. Además, el texto atribuye el fallido operativo de captura de julio de 2023 a una alerta previa emitida por Mariaca al acusado.
El expediente incluye entre los imputados al fiscal departamental Alberto Zeballos, al fiscal superior Martín Irusta y al policía Rubén Aparicio. Según las investigaciones, Aparicio funcionó como nexo de contacto con las autoridades, mientras que Zeballos facilitó las operaciones de tráfico de sustancias. Por su parte, Irusta fue sorprendido dentro de la Fiscalía General en Sucre en el momento en que intentaba sustraer expediente confidenciales y borrar registros antes de su aprehensión.
La Fiscalía fundamenta que los implicados simularon el cumplimiento de sus funciones para encubrir la red delictiva. Las pesquisas apuntan a que Mariaca utilizó su cargo para presionar en el desestimado de investigaciones previas contra sus colaboradores. La causa busca esclarecer el alcance de la cobertura estatal y el desvío de la acción penal en el caso.
