El Gobierno nacional ratificó el respeto absoluto a la autonomía del Ministerio Público en las investigaciones sobre el asesor político Fernando Cerimedo. La postura oficial surgió en respuesta a las declaraciones del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien advirtió con sanciones legales a los funcionarios públicos que intenten obstaculizar o influir en el desarrollo de las pesquisas.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, descartó cualquier intencionalidad de incidencia política o administrativa sobre el trabajo de los fiscales. Asimismo, sostuvo que la administración central coincide con la necesidad de profundizar las indagaciones de manera independiente y sin ningún tipo de presiones.
El proceso judicial busca esclarecer los contactos de Cerimedo con personas e instituciones, además de su grado de acceso a los círculos de decisión estatal. A pesar de estos señalamientos, la vocería del Ejecutivo reiteró que el profesional investigado no ejercía ningún cargo formal dentro de la estructura del Estado.
