Las denuncias sobre cobros adicionales en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) generaron reacciones inmediatas en el ámbito político y productivo. Legisladores de diversas bancadas calificaron estos hechos como actos de corrupción e interpelaron a las autoridades sobre el control en el abastecimiento de diésel. Productores expusieron testimonios donde señalaron la exigencia de dos bolivianos extra por cada litro distribuido a las estaciones de servicio.
Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara anunció la presentación de una denuncia penal para dar con los responsables de estos actos dentro de la empresa estatal. A su vez, representantes del Comité pro Santa Cruz advirtieron sobre el impacto de estas irregularidades, al calcular sumas diarias millonarias por concepto de extorsión. El dirigentado cívico sugirió también detener la importación de combustible como medida de contención.
Desde el Poder Ejecutivo, autoridades de Gobierno confirmaron el inicio de investigaciones dirigidas a desarticular las redes vinculadas a estas faltas. El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, aseguró la aplicación de acciones para sancionar a quienes sabotean la distribución regular del carburante. Las pesquisas buscan identificar a los exfuncionarios y personal actual señalados en las evidencias difundidas.
