El empresario y líder político Samuel Doria Medina solicitó al Gobierno boliviano que emita una protesta formal ante Chile a través de la Cancillería. La petición surge tras evidenciarse que la denuncia sobre un cargamento de madera boliviana contaminada con sustancias controladas carece de fundamento. Según el político, el Estado debe activar de inmediato los mecanismos diplomáticos para expresar el descontento nacional por el daño económico y reputacional ocasionado al sector exportador.
En este contexto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ratificó que las investigaciones locales y los requerimientos internacionales descartaron de forma plena que los cargamentos forestales transportaran estupefacientes. La autoridad del Ministerio Público confirmó que los análisis técnicos no hallaron nexos con el tráfico ilícito de drogas. Esto desvirtúa por completo los señalamientos preliminares que emitió la fiscalía de Arica.
Por su parte, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, manifestó que el Órgano Ejecutivo aguarda los informes conclusivos del país vecino. El portavoz presidencial lamentó los efectos adversos que sufrió el rubro maderero debido a estas afirmaciones y ratificó que los datos actuales desmienten los cargos que afectaron al comercio exterior de Bolivia.
