La Defensoría del Pueblo informó que el recorte a su presupuesto obligó al despido de 44 funcionarios y al cierre de una oficina. Además, prevé clausurar otras cuatro, principalmente en zonas fronterizas.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó que la institución registró una reducción del 30% en su masa salarial y del 10% en gastos corrientes. Señaló que este año contará con un presupuesto de Bs 36,1 millones para desarrollar sus funciones en el país.
Callisaya afirmó que la disminución de recursos afectará la capacidad operativa de la institución, aunque aseguró que continuará con las labores de defensa de los derechos humanos. También rechazó versiones sobre un supuesto elevado presupuesto de la Defensoría.
