Un total de 300 de los 343 municipios de Bolivia continúan depositando sus residuos sólidos en botaderos ilegales, mientras solo 43 cuentan con rellenos sanitarios, según el Diagnóstico Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025 y el Inventario Nacional de Botaderos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El plazo establecido por la Ley 755 para cerrar estos sitios venció el 17 de mayo de 2026.
La normativa, vigente desde 2015, otorgó diez años a los gobiernos municipales para clausurar los botaderos, remediar los daños ambientales e implementar rellenos sanitarios que cumplan con las normas técnicas. Especialistas en gestión ambiental advierten que los botaderos generan contaminación del suelo, agua y aire por la filtración de lixiviados y la emisión de gases como el metano.
El Tribunal Agroambiental recordó que los municipios tienen la obligación de avanzar hacia una gestión integral de residuos para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Expertos también señalaron que la separación de residuos en origen y el impulso al reciclaje y aprovechamiento de materiales son medidas clave para reducir el impacto ambiental.
