La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles (Asosur) declaró un estado de emergencia y otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para atender sus demandas. La entidad advierte que, de no hacerlo, no descarta paralizar actividades en los surtidores de combustible.
La principal exigencia es la derogación de la Resolución Administrativa 051/2024 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que obliga a las estaciones a renunciar a contratos con YPFB para importar productos. Según la gerente de Asosur, Susy Dorado, la norma genera competencia desleal y amenaza el abastecimiento seguro de combustibles.
El pliego de demandas incluye cinco puntos: permitir la compra a distintos proveedores manteniendo calidad y precio justo, garantizar normas internacionales de seguridad, respetar la Ley 3058 que protege a las estaciones de servicio, revisar márgenes de GNV y biocombustibles, y agilizar trámites pendientes en la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos.
Asosur advirtió que la medida de presión busca evitar la profundización de la crisis en el suministro y asegurar la sostenibilidad del sector. La asociación realizará una asamblea con sus miembros para definir próximas acciones, incluida la posibilidad de un paro generalizado en los surtidores.
