El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó este martes que la investigación sobre la subvención de harina no constituye persecución política, sino un caso de presunto robo al Estado. El daño económico estimado por el Gobierno asciende a Bs 5 millones, mientras que la Fiscalía calcula que podría llegar a Bs 6 millones.
Los principales involucrados son Rubén Ríos, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), actualmente aprehendido, y Franklin Flores, exgerente de Emapa, declarado rebelde tras incumplir su detención preventiva. En el marco de la investigación, también fue arrestado uno de los hijos de Ríos, y se busca a otro hijo y a su expareja.
Justiniano señaló que la Fiscalía identificó un “clan familiar” que operaba de manera irregular bajo el liderazgo de Ríos. Los delitos que se investigan incluyen enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado. La autoridad indicó que la red de corrupción podría involucrar a más familiares del dirigente.
El ministro enfatizó que todas las investigaciones avanzarán sin excepción y buscan recuperar los recursos desviados de la población. Señaló que cada caso será sustentado con elementos para que el Ministerio Público proceda con medidas judiciales y destacó que se trata de un daño económico directo a las familias bolivianas.
