El transporte federado de Cochabamba se declaró en estado de emergencia a raíz del Decreto Supremo 5716, norma que fijó el precio del litro de diésel en Bs 17,95 al vincularlo con la cotización internacional. El ejecutivo del sector, José Orellana, solicitó a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia la convocatoria inmediata a un ampliado nacional con el fin de definir las acciones del gremio ante la medida dispuesta por el presidente Rodrigo Paz.
La dirigencia advirtió que la eliminación del beneficio estatal afectará la continuidad laboral de aproximadamente dos mil afiliados en la región, quienes carecen de capacidad económica para asumir el costo del combustible. Asimismo, los representantes del autotransporte anticiparon que la determinación del Ejecutivo derivará de manera inevitable en un ajuste al alza de las tarifas del servicio público.
Por su parte, el mandatario fundamentó la decisión en la necesidad de reducir el gasto público, el cual demanda más de 2.600 millones de dólares anuales. Desde el Gobierno argumentaron que destinar cerca de 55 millones de dólares semanales al subsidio fomenta actividades ilícitas como el contrabando y la reventa del carburante.
