El Ministerio de Obras Públicas confirmó la existencia de un esquema ilícito de desvío de combustibles en Santa Cruz, región donde las filas en surtidores persistieron pese al despacho diario de más de 3,5 millones de litros, cifra superior a la demanda local. La investigación preliminar identificó irregularidades en la cadena de distribución, desde fallas en los sistemas de programación y facturación hasta la alteración de cisternas con agua para encubrir la extracción ilegítima de carburantes.
La estructura irregular involucró a personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), choferes de cisternas y administradores de surtidores. Las autoridades detectaron reventas con precios de hasta 20 bolivianos por litro, frente al costo oficial de 9,70 bolivianos, un margen comercial que incentivó el despojo sistemático del producto subvencionado.
Frente a este escenario, el Ejecutivo nacional removió de sus cargos a más de 40 servidores públicos e inició la reestructuración de los controles informáticos. El Viceministerio de Transparencia formaliza las denuncias penales correspondientes para procesar a los responsables e interrumpe las dinámicas de especulación que afectan el presupuesto estatal de la subvención.
