Los gobernadores de Bolivia se declararon en estado de alerta y dieron plazo al Gobierno hasta el 31 de octubre de 2026 para responder a sus demandas relacionadas con el fin de la subvención al diésel y la redistribución tributaria 50-50.
Las autoridades departamentales exigieron que el Presupuesto General del Estado de 2027 incluya la coparticipación tributaria para las gobernaciones, sin afectar los ingresos de universidades públicas ni municipios. También pidieron mecanismos compensatorios por el incremento del precio del diésel y modificaciones presupuestarias para cubrir el mayor gasto en combustible.
Entre otras demandas, solicitaron transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación para compensar el costo del diésel utilizado en servicios departamentales, además de una norma que libere a las gobernaciones del financiamiento de la emisión de títulos de bachiller.
