El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1765, disposición que formaliza un contrato de crédito por 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La normativa, publicada en la Gaceta Oficial, respalda un programa integral de reformas económicas enfocado en atender los déficits fiscales, la reducción de ingresos por hidrocarburos, la disminución de reservas internacionales y las presiones inflacionarias en el país.
El financiamiento, tramitado mediante el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), contempla un plazo de repago de hasta 10 años, con un periodo de gracia de cuatro años y medio antes del inicio de la amortización de capital. Las autoridades proyectan que esta estructura financiera permitirá margen de acción para la ejecución de las medidas de ajuste y la recuperación del crecimiento sostenible sin comprometer de inmediato la liquidez fiscal.
El acuerdo establece que la política económica permanece bajo la determinación de las autoridades nacionales y no del organismo internacional. Asimismo, la norma legal obliga al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a remitir informes semestrales documentados a la Asamblea Legislativa para transparentar el seguimiento y la ejecución de los recursos asignados.
