El Ministerio de Economía impulsa un proyecto de Ley de Inversiones con el fin de restringir la capacidad del Estado para efectuar expropiaciones. La propuesta establece que cualquier medida de estatización requerirá la aprobación previa de dos tercios de la Asamblea Legislativa. Esta condición busca trasladar el costo político a las autoridades de turno y brindar mayor certeza jurídica a las empresas del sector privado.
El segundo eje de la iniciativa legal contempla la protección integral del patrimonio de los inversionistas. El texto normativo incluye la valoración de activos intangibles e ideas en las liquidaciones, además de igualar el trato entre el capital extranjero y el nacional dentro de los límites constitucionales. Asimismo, la propuesta restablece el acceso al arbitraje internacional para la resolución de disputas comerciales en áreas ajenas a los hidrocarburos.
El plan normativo del Ejecutivo contempla el envío de tres proyectos de ley al Congreso: Inversiones, Minería e Hidrocarburos. En el ámbito energético, las autoridades plantean incorporar modelos de contratos directamente en la ley. Esta medida pretende eliminar la discrecionalidad política y agilizar la tramitación de acuerdos comerciales dentro del Órgano Legislativo.
