El Gobierno presentó su respuesta al pliego de demandas de la Central Obrera Boliviana y aseguró que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni apoyará normas que restrinjan la protesta pacífica. Además, se comprometió a transparentar las negociaciones de créditos y acuerdos con organismos internacionales.
La propuesta también contempla la instalación de una mesa técnica para analizar la distribución de recursos en el marco del pacto fiscal y el respaldo a una comisión legislativa que investigue el caso denominado “narcomaderas” o droga incautada en Chile. El Ejecutivo sostuvo que todas las acciones se desarrollarán dentro de los límites de la Constitución y la normativa vigente.
La COB evaluará la respuesta gubernamental en un ampliado nacional antes de definir si se instala el diálogo formal con el Ejecutivo. El pronunciamiento se produce cuando las movilizaciones y bloqueos cumplen 48 días en distintas regiones del país.
