La crisis política y social que atraviesa Bolivia no puede entenderse únicamente como una coyuntura pasajera o como una disputa electoral más. Se trata, en realidad, de un profundo proceso de transición histórica, donde un modelo político que dominó el país durante casi dos décadas comienza a perder hegemonía, mientras un nuevo orden aún no logra consolidarse plenamente.
El modelo corporativo-hegemónico impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS) construyó durante años una estructura de poder basada en la articulación y privilegio de determinados sectores sociales organizados: la Central Obrera Boliviana (COB), las Bartolinas, los Ponchos Rojos, las organizaciones cocaleras, entre otros. Desde la narrativa ideológica del denominado “socialismo comunitario” o “socialismo indigenista”, estos grupos fueron concebidos como la representación legítima del “pueblo”, la “reserva moral de la humanidad” y el sujeto histórico de transformación política. En términos marxistas, se los presentó como el nuevo proletariado y como las víctimas históricas del viejo orden republicano.
Sin embargo, más allá del discurso emancipador, estas organizaciones terminaron constituyéndose en las principales bases corporativas y coercitivas del proyecto político masista. Durante veinte años fueron cohesionadas bajo una retórica permanentemente confrontacional, muchas veces alimentada por un discurso de resentimiento étnico y polarización social entre indígenas, mestizos y sectores urbanos. Esa lógica política, liderada por Evo Morales ahora prófugo de la justicia, consolidó un sistema de poder altamente centralizado y de control corporativo sobre el Estado.
Paradójicamente, estos sectores fueron también los principales beneficiarios del aparato estatal durante el periodo de mayor bonanza económica de la historia contemporánea de Bolivia. No obstante, es importante señalar que gran parte de esa estabilidad y crecimiento económico tuvo sus bases en reformas estructurales y políticas públicas implementadas en las décadas previas, particularmente durante los años noventa, cuando se redefinió la estructura hidrocarburífera y financiera del país.
Con el paso del tiempo, la enorme corrupción, el desgaste institucional y las reiteradas intenciones de perpetuación en el poder fueron erosionando la legitimidad del MAS. La población boliviana comenzó a comprender que la corrupción no tiene identidad étnica ni vestimenta ideológica: puede existir tanto en quienes usan poncho y ojotas como en quienes visten saco y corbata. La corrupción no distingue clases, regiones ni culturas; responde a prácticas de poder descontroladas y a la ausencia de institucionalidad democrática.
El intento sistemático de vulnerar la Constitución Política del Estado para extender indefinidamente un proyecto político terminó generando una reacción social y democrática que buscó recuperar el equilibrio republicano y el respeto a las reglas institucionales. Es precisamente en ese punto histórico donde Bolivia se encuentra actualmente.
Las organizaciones corporativas que durante años ejercieron poder y privilegios perciben hoy la pérdida progresiva de su hegemonía. Por ello ahora intentan asfixiar políticamente a esta nueva Bolivia democrática emergente mediante mecanismos de presión, conflictividad y desestabilización.
