Un tribunal anticorrupción de La Paz condenó a 10 años de prisión al exministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, por su participación en una red de cobros ilícitos en la adjudicación de contratos públicos. En el mismo proceso, el exviceministro Carmelo Valda recibió una pena de seis años de cárcel.
La sentencia también alcanzó a otros tres implicados, quienes fueron condenados a seis años de reclusión. El fallo establece la inhabilitación definitiva para ejercer funciones públicas una vez que la resolución quede ejecutoriada. La investigación determinó un daño económico superior a 19 millones de bolivianos.
La justicia dispuso la identificación y confiscación de bienes vinculados a los sentenciados para su reversión al Estado. El caso evidenció el uso de cargos públicos para obtener beneficios económicos personales mediante la manipulación de contratos en el sector ambiental.
