Un dictamen pericial del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó un daño económico de Bs 47.857.446 en la primera adquisición de 60 buses Pumakatari durante la gestión del exalcalde de La Paz, Luis Revilla. La información fue difundida por el presidente de la Fejuve paceña, Jesús Vera, quien indicó que el informe forense complica la situación jurídica de la exautoridad municipal en el proceso por presuntas irregularidades en la compra realizada en 2012.
Según el denunciante, el Ministerio Público ya cuenta con el peritaje suscrito por el auditor forense Silvestre Flores Castro, remitido mediante nota oficial en octubre de 2024 y puesto en conocimiento del juzgado competente. Con base en ese documento, se solicitará la detención preventiva de Revilla en la audiencia de medidas cautelares fijada para el 4 de marzo a las 10:00 ante el Juzgado 13 de Anticorrupción de la sede de gobierno.
El informe técnico desglosa el presunto perjuicio económico en varios componentes: Bs 404.918 por multas derivadas de incumplimientos contractuales; Bs 4,55 millones por la no ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento; Bs 6,96 millones por la no ejecución de la boleta de correcta inversión; y Bs 35,94 millones por un sobreprecio en la compra de cada motorizado. La suma corresponde a la primera compra de los buses municipales y forma parte de una investigación impulsada por la Procuraduría General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que se constituyeron como víctimas.
De acuerdo con Vera, la auditoría fue solicitada por el Ministerio Público para establecer la existencia de daño económico, la legalidad del proceso de contratación y la eventual existencia de sobreprecio. El dirigente sostuvo que el documento, respaldado por cerca de 400 páginas, concluye que existieron irregularidades en la contratación y que la adquisición no contó con un Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA). El proceso penal alcanza también a exfuncionarios municipales por presuntos delitos como uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
