La norma busca evitar la evasión de exfuncionarios públicos
La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de Ley 192, que amplía de tres a seis meses la permanencia obligatoria en el país para exfuncionarios públicos. La medida se aplica a las máximas autoridades del nivel central, gobernaciones y municipios una vez concluyan su gestión. El proyecto normativo fue remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento.
La iniciativa obtuvo un respaldo superior a los dos tercios en la votación y contó con el apoyo de legisladores de la oposición. El principal argumento durante el debate fue la necesidad de impedir la fuga de exservidores públicos que pudieran ocultar información clave sobre su administración, lo que facilitará futuras investigaciones o auditorías.
Esta modificación a la Ley 1352, vigente desde 2020, refuerza los mecanismos de fiscalización sobre quienes administraron recursos del Estado. La restricción de salida del territorio nacional alcanza a cargos como presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes y las máximas autoridades ejecutivas de empresas públicas.
El objetivo de la ley es asegurar que las exautoridades estén disponibles para la rendición de cuentas una vez que dejen sus funciones. Con esta ampliación del plazo, se busca garantizar una transición transparente y el acceso a la información para los procesos de fiscalización correspondientes.
