La diputada Adriana Jiménez, de la alianza Libre por Cochabamba, denunció que el Órgano Ejecutivo no respondió a 30 Peticiones de Informe Escrito relacionadas con la nómina de personal y los niveles salariales de la administración central, además de empresas descentralizadas y autárquicas. Ante el silencio institucional, la legisladora envió 20 conminatorias en el marco de sus funciones de fiscalización.
Jiménez explicó que las solicitudes fueron remitidas desde noviembre a través del procedimiento regular que involucra al Viceministerio de Coordinación Legislativa y a los ministerios correspondientes. Sin embargo, señaló que hasta la fecha no recibió ninguna respuesta oficial sobre la información requerida.
La parlamentaria cuestionó la falta de transparencia en un contexto de dificultades económicas y advirtió sobre marcadas diferencias salariales dentro del Estado. Indicó que existen cargos jerárquicos con ingresos elevados, mientras gran parte de la población enfrenta limitaciones económicas con salarios promedio mucho menores.
Ante este escenario, Jiménez presentó un proyecto de Ley de Austeridad y Racionalización Salarial, que busca regular los ingresos en el sector público y reforzar el cumplimiento de la norma que prohíbe sueldos superiores al del presidente del Estado. La propuesta será evaluada en comisión, donde su tratamiento dependerá de la mayoría legislativa.
