Asambleístas de las alianzas Unidad, Libre y del Partido Demócrata Cristiano impulsan un proyecto de ley que busca sancionar los bloqueos de carreteras en el país. La iniciativa apunta a proteger el derecho al libre tránsito y reducir los impactos económicos que generan estas medidas de presión.
La propuesta, presentada por el diputado Carlos Alarcón, plantea tipificar los cortes de rutas estratégicas como delitos graves, con penas de prisión que van de 10 a 20 años. Las sanciones alcanzarían a quienes ejecuten los bloqueos, así como a los organizadores, promotores y financiadores de estas acciones.
Los legisladores señalaron que el derecho a la protesta está reconocido por la Constitución, pero advirtieron que no puede vulnerar de forma permanente los derechos de otros ciudadanos ni paralizar la actividad económica del país. También remarcaron los efectos negativos de los bloqueos en la imagen internacional de Bolivia.
El debate incluye la definición de límites claros y protocolos para la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas. El proyecto se encuentra en análisis en comisiones legislativas, donde se prevé un tratamiento prioritario ante el escenario recurrente de conflictividad social en el territorio nacional.
