El alcalde de Santa Cruz de la Sierra otorgó un plazo de un día al sector transporte para normalizar el servicio en la capital oriental. Tras tres jornadas de paralización en protesta por la quita de subvenciones, el burgomaestre anunció la modificación de decretos para sancionar a las líneas ausentes. La medida contempla la anulación definitiva de licencias de funcionamiento y la pérdida del derecho de ruta para quienes mantengan la medida de presión.
La municipalidad evalúa abrir el mercado al transporte libre de forma organizada y registrada ante el Gobierno Autónomo Municipal. Mediante operativos de control en puntos estratégicos, funcionarios ediles identificaron las rutas abandonadas durante este domingo. El informe técnico resultante servirá de base legal para emitir las notificaciones oficiales y proceder con la reversión de cupos de trabajo de manera inmediata.
La crisis del transporte obliga a los ciudadanos a utilizar vehículos de carga o servicios compartidos con tarifas que alcanzan los Bs 5 por tramo. Ante este escenario, Fernández enviará un reporte de costos actualizado al Concejo Municipal para analizar el nuevo precio del pasaje. El debate tarifario surge como respuesta directa a la eliminación de los beneficios en el precio de los carburantes a nivel nacional.
El ultimátum edil busca frenar el perjuicio a la población cruceña que cumple 72 horas sin movilidad masiva regular. Las autoridades locales aseguran que tres días de inactividad constituyen una infracción grave a la normativa vigente de servicios públicos. La resolución de este conflicto depende ahora del retorno de los micros a las calles o de la ejecución de las sanciones anunciadas por la alcaldía.
