El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó este martes que la investigación sobre el dirigente de los panificadores, Rubén Ríos, revela un presunto daño económico al Estado que supera los 5 millones de bolivianos. La denuncia formal fue presentada ante el Ministerio Público, lo que permitió la aprehensión de Ríos el lunes por indicios de corrupción y malos manejos en la administración de la harina subvencionada entregada por Emapa.
Justiniano precisó que Ríos enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tráfico de influencias y contratos lesivos, todos vinculados al uso indebido del subsidio. La investigación también descubrió una red de corrupción que involucra a miembros de su familia, incluyendo la detención de su hijo, lo que sugiere que los delitos podrían alcanzar a más personas.
Ante estos hallazgos, el Ministerio de Desarrollo Productivo solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación a otros familiares y ejecutivos del sector panificador. El ministro enfatizó que las acciones del Gobierno buscan garantizar justicia y transparencia, sin que se interpreten como persecución política.
El exgerente de Emapa, Franklin Flores, continúa prófugo de la justicia. El Ejecutivo reiteró su compromiso de recuperar los recursos desviados y de continuar las investigaciones para asegurar que los fondos destinados a la población sean resguardados.
