La legisladora Diana Romero, cónyuge del vicepresidente Lara, presentó una demanda formal frente a la Comisión de Ética contra su colega Sofía Rocha. Esta acción legal surge tras los cuestionamientos públicos de Rocha, quien difundió información detallada sobre las inasistencias de Romero a las sesiones parlamentarias. El conflicto escaló luego de que los datos sobre el ausentismo de la autoridad llegaran a conocimiento de la opinión pública.
El sustento jurídico de la querella se basa en la figura de presunto acoso político ejercido por Rocha contra la denunciante. Según el memorial entregado a la instancia disciplinaria, las alusiones de la parlamentaria afectaron el desempeño y la imagen de Romero en el ejercicio de sus funciones. El documento técnico detalla los argumentos legales con los cuales se busca establecer una sanción administrativa o ética para la señalada.
Este proceso legislativo inicia un periodo de revisión donde los miembros de la comisión analizarán las pruebas presentadas por ambas partes. La situación genera expectativa en el entorno político debido al vínculo familiar de Romero con la segunda autoridad del Estado. Mientras tanto, el documento de la denuncia circula en los pasillos de la Asamblea como evidencia del quiebre en las relaciones laborales entre las dos representantes.
