La Policía y la Fiscalía ejecutaron cinco intervenciones en oficinas de YPFB ubicadas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, tras denuncias de presuntas irregularidades cometidas en la pasada gestión. Las pesquisas se enfocan en delitos asociados a desvío de combustibles, contratos observados y manipulación de cisternas.
El presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, informó que los estudios preliminares calculan un daño económico anual de entre $us 800 millones y $us 1.000 millones. Explicó que la estimación se basa en informes elaborados junto con la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos, que identifican desvíos equivalentes al 25% del volumen comercializado.
Akly detalló que la red detectada operaba en distintos niveles e incluía a personal interno y actores externos dedicados a la reventa. Las investigaciones también abarcan contratos vinculados a Botrading y un proyecto para construir tanques en Oruro, además de la venta de combustible con sobreprecio.
La empresa estatal destacó avances en el abastecimiento y reportó un incremento en los niveles de stock. Según YPFB, el país cuenta con reservas de 2,5 días en diésel y 3,5 días en gasolina, tras ajustes en financiamiento y coordinación con los distritos comerciales.
