Un grupo de militares vinculados al caso del exgeneral Juan José Zúñiga solicitó su inclusión en el proyecto de ley que busca restituir los derechos de uniformados dados de baja por motivos políticos. Los afectados afirmaron que la propuesta debe abarcar a todos los que enfrentaron procesos administrativos dentro de este contexto.
El texto legislativo fue presentado para beneficiar a policías y militares separados tras la crisis de 2019. Sin embargo, los implicados en el caso Zúñiga expresaron que también enfrentaron medidas que consideran irregulares. Su representante, el exmayor Miguel Iriarte, pidió que el Legislativo tome en cuenta su situación.
Iriarte señaló que los involucrados afrontaron procesos que, según su versión, carecieron de fundamentos claros. Indicó como referencia que el exgeneral Zúñiga, figura central del hecho investigado en 2024, aún no emitió una declaración formal ante las autoridades responsables del caso.
El exmayor informó que cerca de 30 militares forman parte del grupo afectado. De ellos, la mayoría ya recibió la baja definitiva, mientras otros mantienen recursos de apelación dentro de la vía administrativa. Añadió que la suspensión de beneficios como sueldos y seguros se produjo pese a que continúan registrados en la letra E, categoría que, según su interpretación, no debería implicar la pérdida de derechos.
