La Cancillería de Perú emitió un comunicado oficial donde aclaró que las acciones de su representante en la Asamblea Legislativa Plurinacional se limitaron de forma estricta al seguimiento informativo del debate sobre la suspensión del fiscal general Róger Mariaca. Con este pronunciamiento, la diplomacia peruana rechazó las acusaciones sobre una supuesta injerencia en las decisiones internas del Estado boliviano.
La aclaración oficial surgió luego de la denuncia de la senadora del Partido Demócrata Cristiano, Ana Crispín. La legisladora señaló la presencia de delegados internacionales en el pleno e imputó pagos mediante códigos QR a parlamentarios con el objetivo de direccionar la votación sobre el futuro de la autoridad fiscal.
En el comunicado institucional, el Gobierno peruano ratificó además su respaldo pleno a la preservación del estado de derecho y a la consolidación de un orden institucional democrático en Bolivia.
