El exdiputado Amílcar Barral denunció este sábado presuntas presiones de la Vicepresidencia y de la antigua gestión de la Fiscalía General para acelerar una causa judicial en su contra. La acción responde a una demanda por presunta violencia psicológica y acoso político interpuesta por la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara. Barral afirmó que no tuvo conocimiento formal de este expediente hasta el jueves previo a su citación.
Según el denunciante, desde La Paz se enviaron instrucciones directas al Ministerio Público con el propósito de forzar su comparecencia en Santa Cruz y lograr su aprehensión. Durante el procedimiento también se dictaron medidas de protección para impedir su acercamiento a la parlamentaria, decisión que la exautoridad calificó como una estrategia orientada a intimidar su labor política.
Pese a sus observaciones sobre las irregularidades iniciales, Barral asistió a la convocatoria judicial para presentar su declaración. El exdiputado señaló que el cambio en la titularidad de la Fiscalía General permitió la actuación imparcial de los investigadores asignados, por lo que su defensa legal solicitará el rechazo definitivo del caso por falta de sustento legal.
