Las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba se declararon en estado de emergencia y anunciaron medidas de protesta para revertir el Decreto Supremo 5716, norma estatal que dispone el fin de la subvención al diésel en Bolivia. Dirigentes del sector cocalero definieron iniciar protestas conjuntas con diversas organizaciones sociales para exigir la anulación de la medida.
La resolución surge tras una reunión extraordinaria en la que la dirigencia sindical calificó la nueva política gubernamental como una imposición externa dañina para la economía popular. Los portavoces advirtieron que el mandato de las bases implica salir a las calles para defender sus demandas y frenar el reajuste del carburante.
La determinación sindical responde al anuncio realizado por el presidente Rodrigo Paz sobre la aplicación del nuevo esquema de comercialización de combustible. Esta disposición oficial fija el precio inicial del litro de diésel en 17,95 bolivianos y vincula su tarifa a las cotizaciones del mercado internacional.
