La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley que transfiere al Gobierno central el pago de los prediarios de los centros penitenciarios y del bono de vacunación. La norma pasó al Senado para su tratamiento.
El proyecto deroga el artículo 10 de la Ley 3302, que desde 2005 establece que las gobernaciones deben cubrir estos gastos con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Las deudas generadas antes de 2026 seguirán bajo responsabilidad de las gobernaciones.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y la gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, saludaron la aprobación. Velasco señaló que ambos pagos representan una carga superior a Bs 60 millones para Santa Cruz y afirmó que el cambio permitirá liberar recursos para otras competencias regionales.
