La Defensoría del Pueblo reveló en su informe “Derechos a la intemperie” que solo las gobernaciones de Cochabamba y Santa Cruz poseen programas específicos de protección para la niñez en situación de calle. Los siete gobiernos departamentales restantes —La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando— carecen de servicios especializados permanentes. La entidad constató que las respuestas estatales en estas regiones se limitan a albergues temporales o acciones esporádicas, panorama agravado por el cierre de centros en Chuquisaca y recortes presupuestarios en el área.
El estudio advierte sobre la ausencia de datos estadísticos actualizados acerca de esta población, pues el último registro oficial data de 2014. La omisión de variables diferenciadas en el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) dificulta la identificación de menores en esta condición. Asimismo, instituciones como el Ministerio de Educación, el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (SERECI) tampoco disponen de planillas específicas para su seguimiento.
La entidad defensorial remarcó la urgencia de diseñar políticas públicas sostenibles con asignación presupuestaria suficiente en el ámbito departamental. Sin la medición continua del problema ni registros unificados en las dependencias públicas, la capacidad de planificar respuestas oportunas queda reducida. El organismo solicitó priorizar la atención de este sector vulnerable mediante la reinstauración de programas especializados en todo el territorio nacional.
