La Vicepresidencia del Estado manifestó su preocupación por la implementación del régimen cambiario flexible establecido mediante la Resolución Ministerial 245. En un comunicado, señaló que este tipo de sistema no es negativo por sí mismo, pero advirtió que Bolivia enfrenta un contexto marcado por reservas internacionales debilitadas, escasez de divisas y una alta dependencia de las importaciones.
El pronunciamiento sostiene que, sin disciplina fiscal, mayor ingreso de dólares y confianza en la economía, el nuevo esquema cambiario podría acelerar la inflación, incrementar la incertidumbre y afectar el costo de vida de la población. Además, cita experiencias de países como Argentina, Zimbabue, Rusia y Turquía, donde la flexibilización del tipo de cambio derivó en devaluaciones y pérdida del poder adquisitivo.
La Vicepresidencia también cuestionó la legalidad de la medida al recordar que la Ley 1670 asigna exclusivamente al Banco Central de Bolivia la administración del régimen cambiario. En ese sentido, pidió al Ministerio de Economía respetar las competencias del ente emisor y explicar con transparencia el alcance del nuevo sistema.
Finalmente, el comunicado exhorta al Gobierno a informar sobre los mecanismos de protección previstos para evitar que el ajuste cambiario impacte en los salarios, los precios de los alimentos, los medicamentos y la estabilidad económica de las familias bolivianas.
